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La FONAF manifiesta una vez más, su profunda preocupación por los acontecimientos.

A nuestro entender de las acciones y decisiones últimas del gobierno nacional. Manifestábamos en nuestra declaración anterior el 02 de septiembre de 2016  “ A ésta situación general de la economía se suman los problemas presupuestarios de la Secretaría de Agricultura Familiar, organismo del Estado Nacional destinado a atender las demandas de nuestro sector”.

La actual situación económica, no aporta soluciones a la mayoría de las economías regio-nales, o lo que es peor aún, las agrava. Los procesos inflacionarios que generan  perma-nentes incrementos en los precios de los alimentos. El aumento de la brecha entre los precios pagados por el consumidor y lo que realmente recibimos como productores. El aumento de los costos de producción (insumos, combustibles, precio del maíz en dólares) lo que achican aún más los márgenes. La pérdida en general del poder adquisitivo de los salarios en entre otros. A todo este negro panorama, se suma hoy el anunciado recorte en el Presupuesto Nacional para el año 2017.
Cuando analizamos este recorte que para algunos puede visualizarse como justificado “para que cierren las cuentas”, vemos con mucha preocupación que afectan mayormente a los organismos públicos vinculados con nuestro sector como son la Secretaria de Agri-cultura Familiar y el INTA - ambos dependientes del Ministerio de Agroindustria de Na-ción-, y las Universidades Nacionales. Todas ellas entidades con quienes el sector de la agricultura familiar y la FONAF en particular vienen trabajando en forma conjunta  desde hace muchos años.
El proyecto de presupuesto 2017, ingresado en estos días a la Cámara de Diputados, no tiene ninguna prioridad para estas Instituciones, lo que indefectiblemente termina en menos recursos disponibles para el sector de productores familiares.
Reducir presupuestos a éstas entidades derivará en menos recursos humanos técnicos y económicos para entes de promoción e investigación a nivel nacional. Esto, en otras pala-bras, significa pérdida de presencia en los territorios con productores familiares con  asis-tencia técnica reducida, con proyectos productivos y de investigación demorados o pos-tergados y con riesgo de pérdida de inversiones realizadas durante mucho tiempo. Esto se verá también en la demora o postergación de acuerdos y compromisos formalizados con organizaciones del sector de la agricultura familiar, que están involucrados en procesos de investigaciones participativas para el desarrollo de tecnologías apropiadas. Se verá también en menores recursos para el mantenimiento y funcionamiento de bancos de se-millas nativas y germoplasma, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria.
El desfinanciamiento de los sistemas de extensión y asistencia técnica a los productores familiares, afectará al sector considerado como el mayor proveedor de alimentos frescos y elaborados para los habitantes de pueblos y ciudades de nuestra gran Argentina.  
El Ministro de Agroindustria en sus últimas presentaciones resaltó: "Tenemos que ayudar a pequeños y medianos productores para que su esfuerzo no quede en manos de intermediarios...”.
El Señor Presidente en su campaña prometió apoyo a las economías regionales como mo-tor de una nueva Argentina.
En nuestro país hay alrededor de unos 300 mil productores, de los cuales casi el 90% son pequeños productores, ocupantes de diferentes territorios. Dejarán de tener apoyo técni-co directo, financiamiento y promoción.
El ministro Buryaile destacó: "Vamos a garantizar que no le falte presupuesto para que desarrollen sus programas a ninguno de los organismos descentralizados…” pero la reali-dad nos está demostrando otra cosa.  No es esto una gran contradicción?
 O que final tendrá la asignación de menores recursos en esta propuesta de presupuesto 2017? Acaso no ven que si se concreta la asignación de estas partidas el apoyo directo será escaso e insuficiente?
Manifestamos nuevamente nuestra gran preocupación por la falta de reglamentación  de la Ley Nacional 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar y por lo tanto la falta de asignación presupuestaria para su implementación.
Por lo tanto  se  propone:
1) La necesidad de la inmediata reglamentación y ejecución de la Ley Nacional 27.118  de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar
2) La puesta en marcha de líneas de crédito “blando” para la producción, agregado de va-lor en origen y comercialización de los productos de la agricultura familiar. Estas deberán tomar en cuenta las características de los sistemas productivos y posibilidades de repago de los pequeños productores.
3) Promover la instalación de ferias y mercados populares, a lo largo y ancho del país.
4) Incentivos para inversiones en infraestructura, con promociones impositivas a procesos que contribuyan a la comercialización de productos de alimentos frescos en pueblos y ciudades de todo el país.
5) La desburocratización de pautas para planes de compra del Estado que permitan el ac-ceso de los productores familiares a proveer de alimentos frescos a reparticiones públicas. 
6) Revisión y aumento de asignaciones presupuestaria a Instituciones estatales vinculadas a la educación, investigación   y  desarrollo rural vinculadas al sector de la agricultura familiar

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