La reciente ofensiva administrativa contra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha escalado hasta los tribunales federales. Gremios como ATE y APINTA, junto a organizaciones de productores, han interpuesto una acción de amparo para frenar la aplicación de la Resolución 27/2026, la cual dispone el desmantelamiento de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) AMBA, ubicada en Ituzaingó. Esta medida no es una simple reestructuración administrativa, sino una amenaza concreta, cierta, inminente y arbitraria que lesiona derechos fundamentales de los sectores más vulnerables del cordón periurbano.
Un ataque a la soberanía del “cinturón verde” El cierre de la EEA AMBA representa un peligro directo para la seguridad alimentaria de más de 15 millones de personas. Esta estación es el corazón técnico que sostiene a los productores de la agricultura familiar, responsables de la mayor parte de las hortalizas frescas que llegan a la mesa de los argentinos. La justicia advierte que la interrupción de la asistencia técnica y el desplazamiento de sus profesionales constituye una regresión en derechos económicos y sociales ya adquiridos.
Los cuatro pilares de la ilegalidad
El recurso de amparo fundamenta la urgencia de la medida cautelar basándose en cuatro ejes críticos:
- Amenaza Concreta: El desmantelamiento operativo de la experimental y la orden de “pase a disponibilidad” de su personal técnico especializado.
- Certeza del Daño: La pérdida del acompañamiento en territorio impacta directamente en la productividad y subsistencia de miles de familias productoras.
- Inminencia: Los plazos de ejecución de la Resolución 27/2026 obligan a una intervención judicial inmediata para evitar un daño irreversible antes del dictado de una sentencia definitiva.
- Arbitrariedad: La decisión se presenta de forma unilateral, ignorando la función social de la tierra pública y violando convenios internacionales que protegen la Agricultura Familiar.
Una defensa federal: El rol de la FONAF
Uno de los puntos más trascendentales de la presentación judicial es su carácter federal y representativo. La Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF) se ha constituido como parte actora, aportando la legitimidad de quienes producen en la tierra.
La firma de Ricardo Sirotiuk en el amparo, presidente de la FONAF, pequeño productor de la provincia de Mendoza, simboliza que el cierre de la EEA AMBA no es un conflicto local bonaerense, sino un precedente peligroso para todo el país. La agricultura familiar reconoce en esta Experimental un modelo de desarrollo que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger, no de destruir.
La justicia tiene ahora la responsabilidad de decidir sobre el futuro de un activo estratégico. Cerrar la EEA AMBA es, en esencia, dejar a la deriva a quienes garantizan el alimento diario. Frente a una resolución administrativa que prioriza el ajuste sobre la producción, el amparo se levanta como la última barrera de defensa de la soberanía alimentaria y la dignidad del trabajo rural.